En su edición de hoy, el diario La Nación publica una nota con el encabezado "Crisis" y con el título La deuda estudiantil, la nueva pesadilla económica de Estados Unidos. A quienes adherimos a las ideas de la libertad y responsabilidad individuales, la nota es repelente desde el mismo título, más propio del New York Times que de un diario como La Nación que -al menos en apariencia- parecería tener una línea editorial más orientada al liberalismo republicano que al populismo demagógico.
La nota es inexacta, desde el título mismo. El "problema" de la deuda estudiantil, no es ineludiblemente un problema, y de nuevo no tiene nada. De acuerdo a un gráfico disponible en la website de la Federal Reserva Bank of St. Louis, realizado con datos del FMI, el ratio deuda privada - ingresos ha bajado casi 20% entre el 2009 y el 2013, y el Adam Smith Institute refleja la misma conclusión.
En general, todos los reportes informan sobre la caída de la proporción deuda- ingresos, a partir de la crisis de 2008.
Pero más allá de los datos estrictamente econométricos, la nota presenta ciertos conceptos que merecen una atención ampliada.
Parecería ser que los estudiantes se endeudan para estudiar carreras que después no les remuneran los salarios suficientes como para pagar las deudas contraídas. Muchos entienden que la educación es un "derecho" (aunque se olvidan de que a cada derecho le corresponde una obligación, en este caso, la de pagar por el servicio), y consideran que el estado o alguien más tiene que pagar los costos necesarios para que quien tiene el "derecho" de estudiar, por ejemplo, la antropología cultural de la etnia Suricata que vivió en África Subsahariana durante el Siglo XVI pueda hacerlo sin costo alguno para él.
Pero, ¿qué demanda hay del conocimiento producido por ese estudiante? Si la hay, con seguridad podemos decir que es significativamente menor a la demanda de ingenieros en petroleo, o informáticos o en telecomunicaciones... Entonces, ¿quién es el culpable de que ese estudiante se endeude para solventar años de estudio en un tema que no representa ningún interés para el mercado? Y tengamos presente que "el mercado" es el consumidor final del conocimiento producido por el estudiante del ejemplo, por el ingeniero en petróleo, en informática o en telecomunicaciones. Los empleadores de cada uno de ellos son meros intermediarios entre el productor del conocimiento y el consumidor final del mismo, que es quien consume el producto o el servicio a los que se aplican dichos conocimientos.
De la nota se desprende la preocupación de que del total de la deuda contraída para la realización de estudios superiores, "dos terceras partes están en manos de personas de menos de 30 años". ¿Y qué hay de raro / malo en esto? Es lógico que así sea, ya que es la franja etaria que -lógicamente- debe asumir deudas y capacitarse para la producción de bienes y servicios en el futuro.
Más allá de las poéticas concepciones dogmáticas, la educación, como las viviendas, los autos, la peluquería o las telecomunicaciones es un bien escaso, por lo que no puede disponerse del mismo sin considerar esa condición. Es decir, de poder se puede.... y ahí tenemos la UBA y otras universidades estatales argentinas que lo han hecho, y cuya calidad ha decaído notablemente en los últimos años, de modo tal que no figuran siquiera en los índices de calidad educativa internacionales.
Sin lugar a dudas, la educación es la mejor mecánica para lograr la movilidad social ascendente, la verdadera inclusión social y -fundamentalmente- las habilidades que faculten a las personas a ser libres de tomar sus propias decisiones y que éstas sean lo más acertadas posibles. La educación permitiría expandir la base de personas útiles, produciendo y consumiendo de acuerdo a sus propias necesidades y -fundamentalmente- libres de la esclavitud a la que el asistencialismo y la limosna estatal las someten. Las personas educadas son menos proclives a caer en las redes de promesas demagógicas y mentirosas, y -en consencuencia- libres de políticos corruptos a quienes lo único que les interesa es la perpetuación en el poder.
Pero la prestación de los servicios educativos es un servicio que demanda importantes costos e insumos. Alguien tiene que asignarlos a la provisión del servicio, y se impone -entonces- la pregunta de quién debe hacerlo. ¿Es justo pedir que el estado corra con esos costos? Y si es así, ¿quién es el estado? ¿de dónde salen los recursos del estado? Y si los recursos del estado salen de los impuestos, ¿es justo pretender que personas que no tienen ni el interés ni la capacidad de cursar estudios superiores destinen parte de sus salarios e ingresos a que alguien más se dedique a estudiar la antropología cultural de la etnia Suricata de la África Subsahariana en el Siglo XVI, o literatura, como la persona entrevistada por La Nación?... o aún, ¿ingeniería?
El discurso liberal sobre este asunto es urticante, antipático y sumamente débil para convencer a las masas de la importancia y ventajas de arancelar la educación superior. Estimo que hay mucho trabajo de marketing para nosotros, ya que es imperativo encontrar la vía de luchar contra el increíblemente sexy slogan populista de "universidad pública, gratuita y estatal"... para todos y todas. Aunque sea para estudiar la etnia Suricata en el siglo XVI. Pero, cómo... ¿no existió? ¿Y ahora qué hacemos con la tesis doctoral?
La nota es inexacta, desde el título mismo. El "problema" de la deuda estudiantil, no es ineludiblemente un problema, y de nuevo no tiene nada. De acuerdo a un gráfico disponible en la website de la Federal Reserva Bank of St. Louis, realizado con datos del FMI, el ratio deuda privada - ingresos ha bajado casi 20% entre el 2009 y el 2013, y el Adam Smith Institute refleja la misma conclusión.

Pero más allá de los datos estrictamente econométricos, la nota presenta ciertos conceptos que merecen una atención ampliada.
Parecería ser que los estudiantes se endeudan para estudiar carreras que después no les remuneran los salarios suficientes como para pagar las deudas contraídas. Muchos entienden que la educación es un "derecho" (aunque se olvidan de que a cada derecho le corresponde una obligación, en este caso, la de pagar por el servicio), y consideran que el estado o alguien más tiene que pagar los costos necesarios para que quien tiene el "derecho" de estudiar, por ejemplo, la antropología cultural de la etnia Suricata que vivió en África Subsahariana durante el Siglo XVI pueda hacerlo sin costo alguno para él.
Pero, ¿qué demanda hay del conocimiento producido por ese estudiante? Si la hay, con seguridad podemos decir que es significativamente menor a la demanda de ingenieros en petroleo, o informáticos o en telecomunicaciones... Entonces, ¿quién es el culpable de que ese estudiante se endeude para solventar años de estudio en un tema que no representa ningún interés para el mercado? Y tengamos presente que "el mercado" es el consumidor final del conocimiento producido por el estudiante del ejemplo, por el ingeniero en petróleo, en informática o en telecomunicaciones. Los empleadores de cada uno de ellos son meros intermediarios entre el productor del conocimiento y el consumidor final del mismo, que es quien consume el producto o el servicio a los que se aplican dichos conocimientos.
De la nota se desprende la preocupación de que del total de la deuda contraída para la realización de estudios superiores, "dos terceras partes están en manos de personas de menos de 30 años". ¿Y qué hay de raro / malo en esto? Es lógico que así sea, ya que es la franja etaria que -lógicamente- debe asumir deudas y capacitarse para la producción de bienes y servicios en el futuro.
Más allá de las poéticas concepciones dogmáticas, la educación, como las viviendas, los autos, la peluquería o las telecomunicaciones es un bien escaso, por lo que no puede disponerse del mismo sin considerar esa condición. Es decir, de poder se puede.... y ahí tenemos la UBA y otras universidades estatales argentinas que lo han hecho, y cuya calidad ha decaído notablemente en los últimos años, de modo tal que no figuran siquiera en los índices de calidad educativa internacionales.
Sin lugar a dudas, la educación es la mejor mecánica para lograr la movilidad social ascendente, la verdadera inclusión social y -fundamentalmente- las habilidades que faculten a las personas a ser libres de tomar sus propias decisiones y que éstas sean lo más acertadas posibles. La educación permitiría expandir la base de personas útiles, produciendo y consumiendo de acuerdo a sus propias necesidades y -fundamentalmente- libres de la esclavitud a la que el asistencialismo y la limosna estatal las someten. Las personas educadas son menos proclives a caer en las redes de promesas demagógicas y mentirosas, y -en consencuencia- libres de políticos corruptos a quienes lo único que les interesa es la perpetuación en el poder.
Pero la prestación de los servicios educativos es un servicio que demanda importantes costos e insumos. Alguien tiene que asignarlos a la provisión del servicio, y se impone -entonces- la pregunta de quién debe hacerlo. ¿Es justo pedir que el estado corra con esos costos? Y si es así, ¿quién es el estado? ¿de dónde salen los recursos del estado? Y si los recursos del estado salen de los impuestos, ¿es justo pretender que personas que no tienen ni el interés ni la capacidad de cursar estudios superiores destinen parte de sus salarios e ingresos a que alguien más se dedique a estudiar la antropología cultural de la etnia Suricata de la África Subsahariana en el Siglo XVI, o literatura, como la persona entrevistada por La Nación?... o aún, ¿ingeniería?
El discurso liberal sobre este asunto es urticante, antipático y sumamente débil para convencer a las masas de la importancia y ventajas de arancelar la educación superior. Estimo que hay mucho trabajo de marketing para nosotros, ya que es imperativo encontrar la vía de luchar contra el increíblemente sexy slogan populista de "universidad pública, gratuita y estatal"... para todos y todas. Aunque sea para estudiar la etnia Suricata en el siglo XVI. Pero, cómo... ¿no existió? ¿Y ahora qué hacemos con la tesis doctoral?
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