Los Jueces de la República

An elective despotism was not the government we fought for; but one which should not only be founded on free principles, but in in which the powers of government should be so divided and balanced among several bodies of magistracy, as that no one could trascend their legal limits, without being effectually checked and restrained by the others

James Madison. The Federalist Papers N°48

En el marco del IX Congreso de Economía Procesal que todos los años organiza la Fundación Libertad, los Jueces Luis María Cabral y Claudio Bonadío fueron especiales invitados.

Participar de esa reunión fue no sólo por demás interesante, sino muy inspirador, porque más allá de los vicios y las virtudes que estas dos personas pudieran tener, en los tenebrosos y oscuros tiempos de atropello y abuso de poder en el que nos encontramos, escucharlos resultó una bocanada de aire de responsabilidad, institucionalidad, valentía y admiración.

Tanto Cabral como Bonadío integran "el eje del mal" que, en su perversión, el autoritarismo Kirchnerista no tuvo ningún problema en elaborar. Forman parte de una lista mucho más riesgosa para la Nación en su conjunto que la famosa "servilleta de Corach", que nunca pasó de una denuncia sin probar por parte de un ex-super ministro de economía devenido luego en candidato.

A la pregunta sobre sus impresiones en materia de la relación política-justicia, Bonadío disparó, "en el expediente [judicial] los papeles mandan", y para él en eso estriba la independencia del Poder Judicial; en la imposibilidad que tienen (o, al menos, deberían tener) los jueces de guiarse por sus propios parámetros, valores e impresiones, y sujetarse irrestrictamente a los comprobantes que hacen a las pruebas de las pretensiones de una y otra parte.

La independencia del Poder Judicial

El juez Cabral adhirió pero además mencionó expresamente a la responsabilidad que les cabe a los jueces, y que deben asumir, mientras que criticó severamente al poder político por atacar frontalmente las decisiones judiciales, en lugar de cumplirlas, siendo ése, puntualmente, uno de sus roles más importantes. Es, en su opinión, precisamente la falta de cumplimiento - que desde 2009 a la fecha asciende a la suma de 19 pronunciamientos judiciales incumplidos por el Poder Ejecutivo- la que socava la labor judicial y genera el conflicto de poderes.

Asimismo, enfatizó que los jueces deben mantenerse también independientes de la presión que ejercen los medios y la opinión pública generalizada en un momento dado. Para ello, los jueces deben sujetarse al imperio de la ley, que es la que pone límites a las mayorías circunstanciales de manera tal de hacer cumplir con los grandes principios impuestos por la Constitución Nacional. De ahí que, por naturaleza, el Poder Judicial sea un poder "contra-mayoritario", en tanto las mayorías no pueden violar (por su sola capacidad numérica) los grandes valores que se desprenden de la Constitución Nacional.

Sobre el tema, el Juez Bonadío comentó que al momento de fallar, por motivos técnico-legales, a favor de la eximición de prisión de uno de los imputados por los casos de corrupción que afectan a la FIFA, le resultó muy impactante leer los comentarios realizados por los lectores de los medios on-line que dieron la noticia. Comentarios tales como "cuánto te pusieron", "click - caja" y otros del tenor, que mostraban la creencia generalizada sobre la existencia de corrupción por su parte, demostraron que los jueces se encuentran expuestos todo el tiempo a la crítica y el escrutinio público, que se pronuncia sin contar con los elementos de juicio que se desprenden de las leyes y las pruebas que hacen a un caso en particular.

Cuando se les preguntó sobre las presiones del poder político recibidas, ambos fueron muy prudentes al responder. El Juez Cabral dijo que ese tipo de presiones no son patrimonio exclusivo de la Argentina, sino que se dan aún en los países más avanzados, e hizo también referencia a las presiones  de Barack Obama sobre el juez norteamericano que dispuso la suspensión de las leyes conocidas como Medicare [1].

Pero también fue claro al decir que el antiguo principio de que "el juez habla a través de sus sentencias" ha sido largamente superado por un nuevo "paradigma comunicacional" como son las redes sociales. De ahí que no sería razonable pretender que los jueces queden exentos de esas herramientas. A lo que el Juez Cabral adhirió, mencionando como ejemplo la gran iniciativa del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al formalizar el Centro de Información Judicial que permite el acceso a las sentencias más relevantes, a los sorteos judiciales y a gran cantidad de información institucional en todo el país, en tiempo real.


El Consejo de la Magistratura

Asimismo, dejó en claro que en su opinión, el actual esquema del Consejo de la Magistratura resulta funcional al conflicto de poderes, aditamos, causado por la virulencia y falta de decoro en el ataque planteado por el régimen kirchnerista.

Para el juez Cabral, si bien el sistema impuesto por la reforma constitucional de 1994 permitiría una designación de los jueces que podría ser eficiente y justo, su reglamentación viola las previsiones constitucionales, ya que permite que una circunstancial mayoría política designe a los encargados de impartir las sanciones disciplinarias a los jueces, de manera tal de amedrentarlos en el ejercicio de sus funciones, fundamentalmente dejando las denuncias en su contra abiertas por tiempo indeterminado, ejerciendo así una presión amenazante sobre los magistrados.

Mientras que de las actas y constancias de la Convención Constituyente del '94 se desprende que la intención de idear un Consejo de la Magistratura era lograr la despolitización del Poder Judicial, en realidad se consiguió el efecto contrario, en tanto quitó a la Corte Suprema sus facultades de control y administración del Poder Judicial, generando -precisamente- la politización del Poder Judicial, abriéndoles el camino a aquellos jueces con menos recursos éticos y más proclives a sujetarse al poder político de turno para alcanzar sus designaciones.

El juez Cabral entiende que tal como está conformado el Consejo de la Magistratura actualmente no alcanza el equilibrio que demanda el Art. 114 de la Constitución Nacional, en tanto los académicos y abogados, por ejemplo, cuentan con tan sólo un representante por cada sector. Además, con la profusión de universidades creadas por el régimen kirchnerista, hay muchos "académicos" que, en lo formal, estarían en condiciones de cubrir esos cargos, aunque en los hechos sus calificaciones disten largamente de las exigencias que los Constituyentes tuvieron en cuenta al momento de incluir a este sector en la conformación del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el juez Bonadío disintió, y dijo que ya desde el '94 se opuso a la creación de esta figura institucional. En su opinión, si lo que se pretendía era la despolitización de la designación de los jueces, hubiera sido mucho mejor estructurar un esquema de concursos y calificación a cargo de las Universidades Nacionales (tradicionales, agregaría yo, en mérito a lo expresado por el Juez Cabral), que condujera estos exámenes y concursos de antecedentes, de manera tal de formalizar una lista de potenciales magistrados para que -ante una vacancia- el Poder Ejecutivo tuviera una nónima de la cuál elegir, siempre por orden de mérito. Así, las vacantes se irían cubriendo con quienes hubieran alcanzado los primeros puestos, y luego fueran admitidos por el Poder Legislativo, tal como lo eran anteriormente los postulantes sugeridos por el Poder Ejecutivo.

Para el Juez Cabral, la actual situación del 25% de los jueces en carácter de subrogantes hace a la dependencia del poder político, en tanto esos magistrados no cuentan con la estabilidad en el cargo que los eximiría de presiones y amenazas de remoción, de no dictar fallos afines a los intereses del Poder Ejecutivo. De ahí la importancia para el nuevo poder político, luego de las elecciones de Octubre, de designar jueces definitivos y derogar la Ley de Subrogancias en su totalidad, y no decretar su inconstitucionalidad tan sólo parcialmente, como lo ha sido en varios pronunciamientos judiciales sobre el asunto


El corporativismo judicial

Ambos magistrados estuvieron de acuerdo en que no existe tal cosa como el "corporativismo judicial". El Juez Bonadío hizo una analogía de la función judicial a la de un jugador de tenis, o de golf. Todo lo contrario a los deportes por equipos como el futbol o el rugby. Referenció que los jueces, a diferencia de los gerentes de empresas, por ejemplo, no coordinan sus acciones y sus decisiones: "Yo no me levanto a la mañana y digo 'bueno, hoy me voy a reunir con el Juez Cabral, por ejemplo, para ponernos de acuerdo cómo fallar sobre tal o cual asunto".

El juez Cabral entendió que es el propio Consejo de la Magistratura el que da lugar al corporativismo, en tanto su diagramación institucional permite que haya casos como los relatados recientemente por el Dr. Alejandro Fargosi, quien hizo pública la invitación recibida de un consejero "K" para cambiar su voto en contra de la destitución del Juez Bonadío, por el voto favorable de este individuo a la destitución de Norberto Oyarbide.

Por su parte, el Juez Bonadío consideró que la inmensa mayoría de los jueces ejerce el cargo con dignidad y responsabilidad, algo que es posible en tanto los magistrados conserven "algo de la pasión y el fuego en nuestras almas por la Justicia", lo que, presuntamente, los llevara a optar por la vocación judicial a la que se dedicaron. Lo que es posible hacer, en tanto no perdieran de vista en ningún momento que la función judicial es un "servicio" que se presta a la Nación,

Conclusiones

El sistema republicano de gobierno es el que acude a la división del poder público como mecanismo para limitarlo. Como enseñara Lord Acton, "el poder corrompe; y el poder absoluto, corrompe absolutamente".

Los padres fundadores de los Estados Unidos lo tenían muy presente, y hacia esa concepción enfocaron todos sus esfuerzos para el diseño institucional de lo que terminó (?) siendo el experimento social más exitoso de la historia de la humanidad, por sus niveles de desarrollo humano y satisfacción de necesidades. Sin lugar a dudas que sus falencias y problemas no son pocos, y no pueden ser minimizados, pero también sin lugar a dudas, el grado de civilización y respeto a los derechos individuales alcanzaron estándares de evolución en tan sólo 200 años, imponderables con los de otras naciones de la misma edad. A Europa, por ejemplo, le tomó más de mil años hacerlo, a un costo inconmensurable en vidas humanas.

El sistema institucional que lo hizo posible no fue otro más que el sistema republicano de gobierno. Admitir la naturaleza humana fue la que llevó a los Padres Fundadores, y a James Madison, en particular, a decir "Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno sobre el gobierno” (Federalist Papers N° 51). De ahí la necesidad de contar con un esquema de pesos y contrapesos que protegiera a los ciudadanos de los excesos que alguno de los tres poderes en los que se dividió al estado pudiera someterlos. 

De todos ellos, el Poder Judicial fue investido con el principal rol de tutela de la Constitución Nacional y contralor de los otros dos poderes que, por su naturaleza, son los más proclives al ejercicio abusivo tan temido. En particular, desde la visión republicana y constitucionalista a la que adhirió nuestra Constitución Nacional de 1853, es el Poder Ejecutivo, por su condición personalista, el más "peligroso" de todos ellos. 

Los ataques frontales recibidos de Cristina y su caterva por el Poder Judicial no hacen más que violentar abierta y descaradamente la división de poderes, vital para un ejercicio medido, razonable y justo del poder estatal. Más allá del objetivo particular perseguido por los K al realizar esos ataques, y los daños a las personas atacadas, por su rol jurisdiccional, la gran perdedora de esta obscena y desaforada ambición de poder demostrada por el régimen no es otra que la Nación en su conjunto. Todos nosotros, los que no somos jueces, ni partes intervinientes en la lucha entre poderes institucionales iniciada por los K, en ejercicio tiránico y desfachatado de la grosería, la falta de educación civíca y aún de respeto a la ley. 

El estado es una entelequia, una creación de la mente humana que no tiene nada de "natural". Es un invento basado en guerras que llevaron a los más fuertes a posicionarse como ganadores, y disfrazar esa victoria con ropajes de "bien común". El estado, a lo largo de los últimos doscientos años ha crecido de manera alarmante para quienes tenemos una fe religiosa en las condiciones, calidades, vicios y virtudes de los individuos. El estado está conformado por esas mismas personas de las que, presuntamente, nos quiere cuidar; y mientras nos trata a todos los ciudadanos como niños o incapaces de velar por nuestro propio interés, crece en peso y tamaño, hasta aplastarnos bajo regulaciones, exigencias ridículas y malintencionadas.

La democracia tan alardeada por este impúdico régimen no es más que un medio para acceder al poder, pero las libertades se ejercen o se violan una vez llegado al mismo, es decir, mediante el sistema de gobierno que se adopte. La democracia ni da de comer, ni cura ni mucho menos educa. Son las instituciones las que nos dan o nos quitan el espacio para hacerlo. Y tan sólo en el sistema republicano de gobierno esas instituciones podrían facilitar el espacio para que realmente comamos, nos curemos y nos eduquemos.

Por eso, un sistema republicano de gobierno no es otra cosa que el único ámbito, el único espacio en el que esas instituciones puedan concretarse. Pero para ello es imperativo que el Estado de Derecho se expanda y vibre en toda la sociedad: sea en sus relaciones entre particulares o entre éstos y el estado. Pero siendo éste una entelequia, aún las relaciones con el estado terminan siendo una relación entre individuos. En el momento en el que un sector de ese estado se posicione por arriba de la ley, el Estado de Derecho se marchita y muere. Y si bien esa muerte puede ser súbita y automática, como cuando se experimentan revoluciones y golpes de estado, también puede ser paulatina y agónica, como lo es en la actualidad.

Los esbirros del régimen, con la presidente a la cabeza, han olvidado hace ya mucho tiempo la importancia institucional del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley. En ese ejercicio narcótico del poder que demuestran día a día, minar al Poder Judicial es, tal vez, la más grave de todas las muchas violaciones a la Constitución Nacional de las que venimos siendo víctimas y testigos a la vez. Porque atacar al Poder Judicial es atacar a la última frontera de protección que los individuos, raquíticos de poder, tenemos frente al estado mamut, que nos sobrepasa largamente en peso y espacio.

La labor de ciertos jueces como Cabral y Bonadío, o como los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, que hizo lugar al pedido de nulidad de la oposición en esa provincia, después de los bochornosos sucesos ocurridos en los comisios tucumanos del 23 de Agosto pasado, inspiran y sirven de liturgia para no flaquear en esa fe republicana a la que fervientemente adherimos algunos.

La ley, buena, mala o regular, es el único instrumento para la pacificación social, en tanto y en cuanto sea respetada irreductiblemente por gobernantes y gobernados. El hacerlo nos significa -a los ciudadanos- la posibilidad de contar con previsión suficiente para evaluar cuáles hechos u omisiones decidiremos día a día. Elegir sabiendo las consecuencias de lo elegido nos sería posible sólo con el imperio del Estado de Derecho que es la garantía para el tan deseado "punto de partida igualitario", desde el que todos -sin importar nuestros orígenes, raza o religión- iniciamos la carrera para lograr nuestros particulares objetivos.

El ataque al Poder Judicial no es más que la confesión de parte que nos hace el régimen K: ELLOS no son iguales a nosotros. ELLOS están por sobre la ley. ELLOS tiene derechos distintos a los nuestros, porque ELLOS saben mejor que nosotros qué es lo mejor para nosotros mismos. Y por eso ELLOS no pueden verse cuestionados por una parte de nosotros, que arropados en las togas de algunos jueces, pretendemos ponerles un coto a su ambición desaforada de poder. Y ELLOS hacen todo eso, bajo la pátina de legitimidad trucha, del holograma del 54% de los votos recibidos a lo lejos y hace tiempo. Una mayoría numérica virtual, que con la primera cadena nacional de la arquitecta egipcia empezó a perder la poca nitidez que tenía. Y de la que hoy, después de la cadena nacional n° 38, queda ya nada.

          Que cuando vives en una verdadera democracia y te llega un político sinvergüenza o un cantamañas, o un híbrido de ambos, y te dice que la voz del pueblo -llámese Eutidemo o llámese como se llame- está por encima de la ley, te acuerdas de Sócrates. (...) Porque te acuerdas, por ejemplo, de la batalla de las islas Arginusas (año 406 a.C), tras la que unos generales atenienses fueron juzgados y condenados por una asamblea popular que se pasó las formalidades legales por el forro de las túnicas. 'Es intolerable que se impida al pueblo hacer su voluntad', argumentaron, proclamando la superioridad de esa voluntad del pueblo frente a la ley que, aplicada con rigor, habría exlupado a los generales. Y lo que es más significativo, amenazaron a los jueces, si se oponían al deseo del pueblo soberano, con ser declarados culpables junto con los generales. Por supuesto, los jueces se curaron en salud y se plegaron a la voluntad popular. Y los generales fueron ejecutados. Sólo Sócrates, que era uno de los jueces, se negó. Con un par. Ni voluntad ni pepinillos en vinagre, dijo. Él no reconocía otra autoridad que la ley. Y fue el único. 

         El pueblo ateniense nunca olvidó aquella. La opinión pública no perdonó que Sócrates se negara a aprobar que la vulneración de la ley, cuando se hace en nombre de una real o supuesta voluntad popular, pueda tolerarse por un Estado sólido, adulto, seguro de sí mismo y de sus instituciones. Y eso influyó más tarde en su proceso, cuando fue sentenciado a suicidarse bebiendo veneno. También allí, llegado el caso, Sócrates fue fiel a sí mismo. En vez de huir como habría podido hacerlo, permaneció en Atenas, acató la ley que lo condenaba y pagó con su vida aquella digna coherencia. 

Recordando a Sócrates. Los territorios inciertos del hombre moderno. 

Arturo Pérez-Reverte.

[1] Si bien el Juez Cabral referenció a la orden judicial que suspendió las políticas impositivas para llevar adelante la reforma del sistema de salud Americano (conocida como Medicare), en realidad, las presiones provinieron del Poder Ejecutivo al juez federal de distrito Andrew Hanen, del Estado de Texas, quien suspendió la orden ejecutiva de Obama que protege de la deportación a inmigrantes ilegales.